El ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, fue sentenciado el viernes a 12 años de arresto domiciliario por manipulación de testigos y soborno en un caso histórico que se apoderó de la nación sudamericana y empañó el legado del conservador del hombre fuerte.

La sentencia, que Uribe dijo que será apelada, siguió un juicio de casi seis meses en el que los fiscales presentaron evidencia de que intentó influir en los testigos que acusaron al líder de la ley y el orden de tener vínculos con un grupo paramilitar en la década de 1990.

Uribe, de 73 años, ha negado cualquier irregularidad y ha caracterizado el caso como “persecución política”.

Se enfrentó a hasta 12 años de prisión después de ser condenado el lunes. Su abogado había pedido al tribunal que permitiera que Uribe permaneciera libre mientras apela el veredicto.

La jueza Sandra Heredia también prohibió a Uribe de ocupar un cargo público durante ocho años.

Antes de la audiencia de sentencia del viernes, Uribe publicó en X que estaba preparando argumentos para apoyar su apelación. Agregó que uno debe “pensar mucho más sobre la solución que el problema” durante las crisis personales.

El ex presidente gobernó de 2002 a 2010 con un fuerte apoyo de los Estados Unidos. Es una figura polarizante en Colombia, donde muchos lo atribuyen a salvar al país a convertirse en un estado fallido, mientras que otros lo asocian con violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de grupos paramilitares en la década de 1990.

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